Río Negro sufre la presencia de representantes legislativos que responden a órdenes partidarias y a los intereses de las corporaciones, en lugar de respetar la voluntad de quienes los pusieron en sus cargos y pagan sus sueldos. Tiene un gobernador, Alberto Weretilneck, que cuando era candidato juró que no existía posibilidad alguna de derogar la ley 3981 que nos protegía del cianuro. Su primer acto como presidente de la legislatura fue levantar la mano para aprobar su derogación, “para asegurar la gobernabilidad” según él.
Tiene legisladores incoherentes como un ex intendente, Alejandro Marinao, que en su pueblo aprobó la ordenanza que prohíbe el uso del cianuro y en la legislatura aprobó la derogación de la ley que lo prohibía. Tiene una legisladora, Ana Piccinini, que en el 2005 felicitó al miembro preopinante durante la sesión de aprobación de la ley 3981, ya que según expresó, la coherencia enaltece a la clase política (ver transcripción taquigráfica), y yendo más lejos dijo que” no se puede cabalgar en dos caballos”, pero luego demostró su incoherencia al aprobar por obediencia debida, y según ella con los dientes apretados, la derogación de la misma ley que ella contribuyó a aprobar Tiene un legislador del circuito andino, César Miguel, que luego de votar la derogación de la ley 3981 no tuvo pudor en manifestar por Radio Nacional que él no apoya la megaminería. Tiene otro legislador del circuito andino, Rubén Torres, que antes de la votación manifestó sin ninguna vergüenza que no sabía qué tenía que hacer, y cuando se lo invitó a votar con su conciencia, apoyó la derogación de la ley 3981. Tiene un senador nacional, Miguel Pichetto, que parece haber olvidado que manifestó en un medio televisivo que no habrá megaminería en Río Negro porque “no tiene licencia social”. Bariloche tiene dos concejales del Frente Grande, uno de cuales, Carlos Valeri, cuando era legislador provincial faltó a la sesión de aprobación de la ley 3981 para no votarla, otro, Alfredo Martin, que manifestó públicamente que tanto su partido como él estaban en contra de la megaminería, y ambos se negaron a acompañar desde el Concejo el reclamo popular para que nos devuelvan la ley. Entre gallos y medianoche, del mismo modo que derogaron la ley 3981, modificaron el Código de Procedimientos Mineros, negando la posibilidad de mayor discusión en comisiones. Así, han creado una súper secretaría de minería dirigida por un antropólogo, Gustavo Ferreyra, que fue denunciado por el Pueblo Mapuche en 2005 por profanar un “chenque”, cementerio indígena, en Chubut, que trabajó siendo el responsable de IMA Explorations, subsidiaria del Grupo Grosso en la exploración del Proyecto Navidad en Gan Gan, y que siendo funcionario público en Río Negro ha seguido haciendo lobby minero en la hermana provincia. Al mismo tiempo, el gobernador ha desarticulado prácticamente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, dejando todo el control ambiental en manos de ese secretario minero, es decir, el lobo en el gallinero. Hay un intendente, del Carpio, que alabando esta reforma del Código se apresura a anunciar la próxima reanudación de las actividades en Calcatreu aunque, como dice: “quedan algunas cuestiones ambientales por resolver”, justamente la razón por la cual el CODEMA había rechazado el proyecto, porque no tienen el agua. Por si alguien está distraído, Río Negro sigue en emergencia hídrica. La sequía de siete años en la línea sur no se solucionó, las lagunas siguen secas. El gobierno promete obras para riego, pero cabe sospechar que esas obras se dirijan a resolver la falta de agua para las megamineras. Cualquiera podría pensar: pobre provincia de Río Negro! Sin embargo, también tiene asambleas, organizaciones, comunidades y vecinxs, todxs gente de bien, dispuestxs a defenderlo del asalto de quienes quieren saquear nuestros bienes. Y no va a ser fácil que nos pasen por arriba.
PRENSA DE ASAMBLEA DE BARILOCHE CONTRA LA MEGAMINERÍA - Bariloche, 8 de abril de 2014
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