Departamento socioambiental Chico Mendes

MONSANTO:

SE DIFUNDEN ENLACES PARA CONOCER UN POCO MÁS SOBRE EL TEMA DE AGROQUÍMICOS.

ES IMPORTANTE PODER ANALIZAR LA CANTIDAD DE CONCEPTOS Y DE SITUACIONES PUNTUALES QUE SE DESPRENDEN DESDE ESTOS VIDEOS QUE RECOMENDAMOS DESDE EL DEPARTAMENTO CHICO MENDES OBSERVAR, ANALIZAR Y GENERAR DEBATES EN NUESTRAS AULAS PARA COLABORAR  EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DIFERENTE:

En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.

Por Darío Aranda

“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.

Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.

En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.

Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.

También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.

La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.

El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.

Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.

La compañía francesa Total participa en cinco áreas hidrocarburíferas en Neuquén, que representan el 6% del territorio provincial o 26 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta petrolera, que es la principal productora de gas de Argentina, avanza con proyectos de extracción de hidrocarburos de la formación de esquistos Vaca Muerta, perforando incluso dentro del Área Natural Protegida Auca Mahuida. Esa información se desprende del informe «Desafiando los límites. La fiebre de los hidrocarburos no convencionales en la Patagonia argentina» realizado por Amigos de la Tierra Francia, Países Bajos y Europa, y el Observatorio Petrolero Sur (OPSur). Durante la gira de presentación del trabajo en diferentes ciudades europeas, representantes de las organizaciones argentinas Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén y el OPSur participarán en la Asamblea de Accionistas de Total para denunciar cómo ésta compañía avanza en la región con la cuestionada técnica del fracking, que está prohibida en Francia.

Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia, sostiene que “la explotación de hidrocarburos no convencionales en Argentina ilustra tristemente el doble estándar que existe. La ley francesa prohíbe el uso de la fractura hidráulica para proteger a la salud de las poblaciones y del ambiente, pero el gobierno francés no hizo nada para frenar el desarrollo del shale gas fuera de nuestras fronteras. Debe actuar inmediatamente: por un lado reconocer la responsabilidad legal que las trasnacionales tienen sobre las actividades que sus subsidiarias (1) y contratistas desarrollan en el exterior, y por otro lado tomar medidas concretas para salir de nuestra dependencia a las energías fósiles”.

La voracidad de Total es tal que ya realizó un pozo de fracking dentro del Área Natural Protegida Auca Mahuida, poniendo en riesgo su excepcional biodiversidad. Entre las irregularidades constatadas en este caso sobresale que la Secretaría de Ambiente de la provincia permitió la realización del pozo antes de que la Dirección de Área Naturales Protegidas diera su aprobación, como lo establece la ley. Además las autoridades provinciales sancionaron a los técnicos de la Dirección de Áreas Protegidas que cuestionaron los informes ambientales presentados por la petrolera. Al respecto Carolina García, trabajadora del área protegida y miembro de la Multisectorial, sostuvo: “Nos opusimos al otorgamiento de la concesión a Total en el área protegida Auca Mahuida, pero el gobierno pasó por alto nuestro dictamen técnico. El pozo en el área Pampa las Yeguas y las infraestructuras asociadas amenazan la biodiversidad de esta reserva”.

Los activistas argentinos también denunciarán la política llevada adelante por los estados nacional y neuquino que, mediante el decreto presidencial 929/13 –cuestionado incluso en ámbitos judiciales- y reformas jurídicas provinciales otorgaron amplios beneficios a las empresas petroleras: como prórroga automática de concesiones y extensión de los plazos, exenciones fiscales, aumento del precio de venta del gas, liquidación de las divisas en el exterior, supresión de audiencias públicas ambientales, etc. Asimismo, la próxima semana participarán de la asamblea de accionistas de la petrolera Shell, donde explicarán la cuestionada manera en que esa empresa ha avanzado en la exploración de hidrocarburos no convencionales en Neuquén.

El sábado pasado se conoció la noticia del fallecimiento de Andrés Carrasco, médico embriólogo
que denunció los efectos devastadores del glifosato y cuestionó duramente el rol de la ciencia en su
vínculo con las corporaciones del agronegocio.

El gobernador de la provincia  expresó en declaraciones públicas, que la derogación de la ley provincial 3981 anticianuro, se debió a la intención del difunto ex gobernador Carlos Soria, de convertir a Río Negro en una provincia minera, al estilo de Catamarca, o San Juan.

En ambas provincias ya se ha comprobado que hay más pobreza ahora que antes del desembarco de las corporaciones megamineras.
 Desde la Bolivia de la época de la colonia, con la explotación del cerro de Potosí, la experiencia histórica demuestra que la extracción de metales preciosos nunca trajo ni riqueza ni progreso a los pueblos,  todo lo contrario, y eso es particularmente cierto con la  megaminería actual, que deja algunas migajas al fisco por pocos años y  una contaminación ambiental por siglos, acidificando el terreno y liberando y disolviendo metales pesados venenosos. En sus declaraciones afirmó que la megaminería no avanzaría sin licencia social, pero esta licencia seria sólo de las comunidades locales.  La explotación megaminera puede traer algo de mano de obra reducida al comienzo, con la construcción de caminos y edificios, pero luego de esto, y con el correr del tiempo sólo queda desolación y la gente que vivía de  emprendimientos productivos genuinos, en particular los que usan agua y tierra, se verá obligada a engrosar los cinturones de pobreza de otras ciudades cercanas como Bariloche, en busca de changas u oportunidades temporarias en época turística. El cambio de rumbo productivo a extractivo de una provincia es un tema de interés de toda la provincia y no sólo de las comunidades locales.

Porque consideramos que haber colocado a un antropólogo a dirigir la cartera política no tiene motivos técnicos, sino que es evidente que quieren lograr convencer a la gente a aceptar un modelo que naturalmente tiene resistencia, y más sabiendo que la base cultural de las comunidades en el territorio amenazado es mapuche.

En declaraciones a la prensa, el gobernador Weretilneck sostuvo que sólo autorizaría emprendimientos de megaminería si cuentan con “licencia social” y agregó que: “No vamos a hacer minería a cualquier costo, la vamos a hacer con licencia social y con responsabilidad ambiental”. “El pueblo tiene que estar de acuerdo”.

Señor Weretilneck: No hay licencia social.

La estrategia del gobierno de Rio Negro es transparente, así como derogaron la ley anticianuro a espaldas del pueblo, de la misma manera ponen a un antropólogo a gestionar la Secretaría de Minería, y de ese modo pretenden pasar por encima de la licencia social.

Así que no se necesita de mucho análisis para deducir que el nombramiento es para lograr un objetivo “a pesar” de los rionegrinos. Por lo tanto exigimos que no se nos tome el pelo y reclamamos se coloque al frente de minería a un técnico que demuestre que va a trabajar en su área y no se dedicará a la evangelización de los pobladores, ya que existe la presunción fundada de que su presencia apunta a manipular la voluntad de las comunidades.

Río Negro sufre la presencia de representantes legislativos que responden a órdenes partidarias y a los intereses de las corporaciones, en lugar de respetar la voluntad de quienes los pusieron en sus cargos y pagan sus sueldos. Tiene un gobernador, Alberto Weretilneck, que cuando era candidato juró que no existía posibilidad alguna de derogar la ley 3981 que nos protegía del cianuro.  Su primer acto como presidente de la legislatura fue levantar la mano para aprobar su derogación, “para asegurar la gobernabilidad” según él.
Tiene legisladores incoherentes como un ex intendente, Alejandro Marinao, que en su pueblo aprobó la ordenanza que prohíbe el uso del cianuro y en la legislatura aprobó la derogación de la ley que lo prohibía. Tiene una legisladora, Ana Piccinini, que en el 2005 felicitó al miembro preopinante durante la sesión de aprobación de la ley 3981, ya que según expresó, la coherencia enaltece a la clase política (ver transcripción taquigráfica), y yendo más lejos dijo que” no se puede cabalgar en dos caballos”, pero luego demostró su incoherencia al aprobar por obediencia debida, y según ella con los dientes apretados,  la derogación de la misma ley que ella contribuyó a aprobar Tiene un legislador del circuito andino, César Miguel,  que luego de votar la derogación de la ley 3981 no tuvo pudor en manifestar por Radio Nacional que él no apoya la megaminería. Tiene otro legislador del circuito andino, Rubén Torres, que antes de la votación manifestó sin ninguna vergüenza que no sabía qué tenía que hacer, y cuando se lo invitó a votar con su conciencia, apoyó la derogación de la ley 3981. Tiene un senador nacional, Miguel Pichetto, que parece haber olvidado que manifestó en un medio televisivo que no habrá megaminería en Río Negro porque “no tiene licencia social”. Bariloche tiene dos concejales del Frente Grande, uno de cuales, Carlos Valeri, cuando era legislador provincial faltó a la sesión de aprobación de la ley 3981 para no votarla, otro, Alfredo Martin,  que manifestó públicamente que tanto su partido como él estaban en contra de la megaminería, y ambos se negaron a acompañar desde el Concejo el reclamo popular para que nos devuelvan la ley. Entre gallos y medianoche, del mismo modo que derogaron la ley 3981, modificaron el Código de Procedimientos Mineros, negando la posibilidad de mayor discusión en comisiones. Así, han creado una súper secretaría de minería dirigida por un antropólogo, Gustavo Ferreyra, que fue denunciado por el Pueblo Mapuche en 2005 por profanar un “chenque”, cementerio indígena, en Chubut,   que trabajó siendo el responsable de IMA Explorations, subsidiaria del Grupo Grosso en la exploración del Proyecto Navidad en Gan Gan, y que siendo funcionario público en Río Negro ha seguido haciendo lobby minero en la hermana provincia. Al mismo tiempo, el gobernador ha desarticulado prácticamente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, dejando todo el control ambiental en manos de ese secretario minero, es decir, el lobo en el gallinero. Hay un intendente, del Carpio, que alabando esta reforma del Código se apresura a anunciar la próxima reanudación de las actividades en Calcatreu aunque, como dice: “quedan algunas cuestiones ambientales por resolver”, justamente la razón por la cual el CODEMA había rechazado el proyecto, porque no tienen el agua. Por si alguien está distraído, Río Negro sigue en emergencia hídrica. La sequía de siete años en la línea sur no se solucionó, las lagunas siguen secas. El gobierno promete obras para riego, pero cabe sospechar que esas obras se dirijan a resolver la falta de agua para las megamineras. Cualquiera podría pensar: pobre provincia de Río Negro!  Sin embargo, también tiene asambleas, organizaciones, comunidades y vecinxs, todxs  gente de bien, dispuestxs a defenderlo del asalto de quienes quieren saquear nuestros bienes.  Y no va a ser fácil que nos pasen por arriba.

PRENSA DE ASAMBLEA DE BARILOCHE CONTRA LA MEGAMINERÍA - Bariloche, 8 de abril de 2014

“Diferentes representantes de las empresas que producen y comercializan los pesticidas que tanto daño le hacen a la salud de las personas, al ambiente y al futuro de la Argentina, están haciendo un fuerte trabajo de “lobby” en los medios y en los poderes legislativos y ejecutivos de la Nación y las provincias, buscando que se fijen distancias libres de aplicación de pesticidas de 100 metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aéreas. Omitiendo por completo que esas distancias han sido refutadas ampliamente por la academia, y que esas sustancias se basan en clasificaciones que ignoran la mayoría de los daños y riesgos crónicos y subletales.”

Redacción colectiva, entre otros, Ing. Claudio Lowy, Lic. Silvana Buján, Dr. Fernando Cabaleiro, Dr. Damian Verzeñassi

DOCUMENTO COMPLETO

El uso del glifosato ha sido prohibido en una directiva del presidente Mahinda Rajapaksa, dijo el viceministro Chandrasena. Señaló que este herbicida es conocido por estar vinculado a la enfermedad renal de rápida propagación en Sri Lanka.

 En el dia de la fecha 13/3/2014,  los jueces de la Tribunal Regional Federal de la 4 ª Región (TRF4) del Brasil decidieron por unanimidad anular la decisión de la Comisión Técnica para la Seguridad Nacional - CTNBio que autorizo la comercializacion del maíz transgénico Liberty Link, de la multinacional Bayer en las regiones Norte y Nordeste en el territorio brasileño. 

La decisión fue tomada sobre la base de la falta de estudios de evaluación de riesgos derivados de GM.  La Acción Civil habia sido interpuesta en el año 2007 por Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor - IDEC y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y AS-PTA, impugnando la legalidad de la liberación comercial del Maiz GM Liberty Link.

 Segun lo señala Tierra de Derechos, el ponente de la sentencia, el juez federal Cándido Silva Alfredo Leal Junior, leyó extractos de su votación por alrededor de una hora y media, señalando la  necesidad de estudios sobre los impactos negativos de los OGM en todos los biomas. Para Leal Junior, no hay suficientes estudios realizados en otros países, porque la ley exige que la decisión de la CTNBio debe ser apoyada por estudios que evalúen el impacto de los OMG en cada uno de los principales biomas. Además, el juez ordenó a la CTNBio la elaboración de normas  para que la sociedad tenga acceso a los documentos en el expediente tramitado por la Comisión, lo que permite una participación cualificada de la población en el proceso de liberalizacion de los OGM.

 Los integrantes del Tribunal Federal Marga Inge Barth Tessler Vivian y Josete Pantaleon Paseos, así como el juez Carlos Eduardo Flores Thompson Lenz, seguieron plenamente la posición del magistrado ponente, destacandose la excelencia de los votos. Flores Lenz, que había votado en el juicio  anterior (cautelar) por la liberación de maíz transgénico, cambió su posición, haciendo hincapié en que el análisis del ponente hará historia y crea un nuevo paradigma para la interpretación de la cuestión.

 Con esta decisión, el maíz GM Bayer no puede ser comercializado en las regiones Norte y Nordeste de Brasil, donde poseia estudios técnicos sobre los riesgos ambientales para la salud humana derivados del GM.  La decisión crea nuevos paradigmas en materia legal y también puede servir para hacer reconsiderar todos los otros lanzamientos comerciales de los OGM en Brasil, ya que en ningún caso las empresas han realizado las evaluaciones de riesgos en todos los biomas del territorio nacional.

 Fernando Prioste, abogado de Tierra de Derechos que acompañan el caso, señalo que: la decisión tendrá un impacto importante en el tema porque obliga a la realización de estudios para evaluar los riesgos en todos los biomas y exorta a la CTNBio a dar amplia transparencia a los procesos de liberación transgénicos. "El voto de hoy merece un estudio detallado, ya que cubre el tema en profundidad, el análisis de los aspectos legales que combinan las consecuencias sociales y económicas de la liberación de OMG en Brasil para las generaciones futuras."